Palacio de Miraflores, Caracas.- A un mes de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Venezuela se encuentra en una etapa de consolidación institucional donde el diálogo y la justicia se presentan como las herramientas fundamentales para la estabilidad nacional.
Este instrumento jurídico, aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional, ha permitido el cese definitivo de causas judiciales para miles de ciudadanos, promoviendo su plena reinserción en la vida civil de la República Bolivariana de Venezuela. El balance actual refleja un esfuerzo sostenido por transformar el sistema de Justicia en uno más transparente y justo, basado en el reconocimiento mutuo y la superación de las heridas políticas del pasado.
El avance de este proceso se apoya en el trabajo técnico y humano de la Comisión Especial de Seguimiento, presidida por el diputado Jorge Arreaza, la cual tiene la facultad de vigilar la aplicación fiel de la normativa y recibir nuevos casos. Hasta la fecha, el alcance de esta normativa legal ha permitido que más de 7,600 personas obtengan libertad plena, de las cuales la gran mayoría mantenía medidas cautelares y procesos abiertos que ahora han concluido satisfactoriamente.
El parlamentario Arreaza ha enfatizado que este instrumento no debe verse únicamente como un beneficio jurídico, sino como un puente necesario para que todos los sectores de la sociedad retomen la vía de la política formal. Al respecto, indicó que la amnistía representa un «gesto para volver a entendernos y hacer política».
Su arquitectura es la paz
La arquitectura de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, responde a una finalidad clara de paz y no repetición, estableciendo límites constitucionales precisos para proteger la seguridad de la Nación. En este sentido, se excluyen taxativamente los delitos graves como agresiones armadas contra las instituciones, actos de corrupción o intentos de magnicidio.
Jorge Arreaza ha argumentado que otorgar beneficios a quienes atentaron militarmente contra el Estado comprometería la seguridad nacional, reafirmando que la amnistía busca reincorporar actores al cauce constitucional sin permitir la impunidad frente a crímenes que atenten contra la soberanía. El espíritu de la norma es la “convivencia democrática”.
Como parte de este proceso, que ha sido denominado como una etapa de sanación nacional, el Estado ha mantenido una política de puertas abiertas, atendiendo incluso solicitudes provenientes de actores políticos en el extranjero.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha señalado que la comisión está facultada para abordar casos de ciudadanos que, habiendo participado en eventos de conflictividad en el pasado, deseen acogerse a este proceso de regularización.
Dicha apertura demuestra que la voluntad de entendimiento es superior a las visiones divergentes, priorizando el bienestar común y la tranquilidad pública sobre las agendas de confrontación.
Finalmente, el progreso de la Ley de Amnistía se alinea con la necesidad de construir una paz duradera que favorezca el desarrollo armónico del país. La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado que este proceso es una condición humana y personal que trasciende lo jurídico, instando a una transformación del sistema legal que erradique las génesis del odio y la criminalización.
Prensa Presidencial / Iliana Rosales