Palacio de Miraflores.- “Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”.
Así, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, daba inicio a lo que sería un gran proceso de transformación y cambios en el ámbito social, educativo, legislativo y político, entre otros para el país.
El 25 de abril de 1999 los venezolanos participaban en una inédita consulta, el primer referendo consultivo de la historia de Venezuela para reformar la Constitución, con lo que Chávez daba cumplimiento a su juramento. Tres millones 630 mil 998 personas -87,75% de los sufragantes- daban el “SÍ” al Gobierno Bolivariano con lo que se obtenía la segunda victoria electoral revolucionaria, a la que se le sumaba el consentimiento de las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para esta, examinada y modificada por el Consejo Nacional Electoral, con el 81,77%.
Para este entonces, los detractores comenzaban su guerra política y se negaban al cambio que abría las puertas a la democracia participativa y protagónica del pueblo.
Los y las venezolanas comienzan a discutir sus leyes, su Carta Magna y la participación en nuevas reformas se consagra en el territorio nacional, además, el Poder Ciudadano se convirtió en el quinto poder autónomo, junto al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, los pueblos indígenas y afrodescendientes fueron reconocidos y visibilizados, y se estableció la plena soberanía de los recursos naturales de la nación, incluyendo el petrolero.
Ante tal proceso revolucionario, la derecha nacional intentó gestar una campaña de odio que incluyó la quema pública de copias de la nueva Constitución por parte de algunos representantes opositores, hechos que precedieron el intento de desestabilización del país en los años siguientes y que culminó con el golpe de Estado de abril de 2002 que derrocó durante 24 horas a Chávez.
Catorce años más tarde parecía que la historia daba la razón al líder revolucionario y en contraste a lo ocurrido en 2002, la oposición exhortaba al Gobierno –ahora del presidente Nicolás Maduro- convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para “reconciliar al país”.
María Corina Machado afirmaba que una Constituyente era «la vía para lograr la reconciliación nacional», mientras que Freddy Guevara un año más tarde señalaba su necesidad en aras de «poder cambiar todos los Poderes Públicos», convocatoria que asumió el Jefe de Estado el 1 de mayo de 2017 en función de conquistar la paz dada la negativa de la oposición de diálogo, y que posteriormente también rechazarían contundentemente.
El doble discurso orquestado de la oposición con relación a la ANC, al igual que en 1999, se basó en denunciar un supuesto “fraude”. Sin embargo, pareciera que inclinan la balanza a su favor cuando les conviene, pues desde enero de este año se han realizado interpretaciones al artículo 233 de la Carta Magna de acuerdo a sus intereses.
El diputado de la Asamblea Nacional, en desacato judicial, Juan Guaidó es quien ha encarnado el mayor ataque que se haya presenciado contra las leyes en el país y se autoproclamó presidente encargado, pasando por alto lo que establece la normativa.
“Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”.
Además, refiere que “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes”, situaciones que no se han presentado y por las que la oposición ha optado nuevamente por una agenda de violencia, esta vez bajo la exigencia de sanciones y ataques al país para generar un cambio de gobierno.
Las pretensiones de la oposición por volver a las políticas exclusivas de la IV República continúan tocando las puertas de naciones imperiales, pero el pueblo ha robustecido su consciencia política y es por ello que sustentados en la Carta Magna defienden la soberanía nacional y el respecto a continuar transitando la senda revolucionaria.
Prensa Presidencial